La función de compliance o cumplimiento normativo es una herramienta clave para asegurar que la organización en su conjunto actúa de acuerdo con toda la legislación que le aplique, respetando, además, sus propias políticas de integridad.

No hay una ley específica que defina y precise sus alcances, contenidos y formas de desarrollo. Existen, en cambio, numerosos requerimientos dispersos en diversas normas legales, así como en numerosas recomendaciones de “mejores prácticas” difundidas por respetadas organizaciones de distintos ámbitos.

La responsabilidad central del compliance, consiste en la tarea de tomar conocimiento respecto de todas las actividades que se llevan a cabo en una organización en el campo del control. Las empresas e instituciones ya destinan ingentes recursos para dar cumplimiento a los requerimientos de verificación y comprobación existentes, a través de auditorías externas e internas sobre estados contables, integridad de sistemas de información, reservas de recursos mineros, petroleros, revisiones por parte de expertos en áreas diversas como las cuestiones legales y tributarias, cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legislación antilavado (UIF), estimaciones contables complejas como derivados y otros contratos de muy difícil valuación.

Todas estas acciones y sus resultados no siempre están coordinadas y centralizadas por el más alto nivel de las organizaciones. De esto se trata el compliance.

En Argentina es una institución relativamente nueva, que ha tomado especial interés desde la sanción de la ley 27401 de Responsabilidad Penal Empresaria, la que, de manera indirecta, propone la creación de Programas de Integridad claramente emparentados con el compliance.

Creemos estar frente a un cambio de época en estas cuestiones que requiere, con urgencia, el estudio y análisis del tema con el propósito de sistematizar una visión holística que contribuya al desarrollo de la función.